rmitiera alargar en el tiempo el proceso de convergencia, ahora previsto para 2019, en los niveles de ayuda entre tipos de superficie para mantener una estabilidad en los pagos actuales. Es importante que la propuesta definitiva de reforma, suavice las exigencias para percibir ese 30% del sobre que corresponderá solo por aplicar la política verde, y que esos fondos los perciban todas las explotaciones, sin necesidad de abandonar tierras; que haya libertad para trasvasar entre los dos pilares, los recursos de pagos directos y los de desarrollo rural, hasta un 15% y que, de las ayudas directas se pueda deducir un 15%, frente al 10% actual, para atender vía pagos acoplados las necesidades de sectores en dificultades.